Lo hizo la candidata a diputada nacional, Micaela Gacek
Las pensiones por discapacidad en Argentina están destinadas a personas que no pueden acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones debido a una disminución del 66% o más en su capacidad laboral, carecen de ingresos suficientes y se encuentran en situación de vulnerabilidad social. El beneficio exige requisitos estrictos: certificado médico oficial, condiciones económicas comprobadas y ausencia de otras prestaciones previsionales. Sin embargo, en Misiones, la discusión sobre el uso de este derecho adquirió un giro político inesperado.
En los últimos meses, se multiplicaron las denuncias sobre posibles irregularidades en el otorgamiento de estas pensiones a personas vinculadas con dirigentes políticos. Este debate no es menor: ¿cómo se explica que beneficiarios acrediten una discapacidad severa y luego participen activamente en la vida social, laboral o incluso legislativa? Si bien existen excepciones médicas, la reiteración de estos casos en determinados espacios políticos despertó sospechas de clientelismo y uso indebido de recursos públicos.
En ese marco, surgieron cuestionamientos hacia vínculos familiares y políticos de dirigentes que habrían facilitado la entrega de pensiones a esposas, hijas o allegados. Uno de los casos más resonantes fue el de Elisa Goring, esposa del intendente de Colonia Aurora, Cali Goring, y recientemente electa diputada provincial. Según trascendió, tanto ella como su hija habrían accedido a estos beneficios, lo que encendió alarmas sobre posibles favoritismos en la adjudicación.
La polémica también alcanzó a la actual legisladora Blanca Álvez, ambas referentes del Frente PAyS y con cercanía política a Héctor “Cacho” Bárbaro. En este contexto, se sugirió que el dirigente habría contado con respaldo de sectores nacionales —incluida La Cámpora— para consolidar una red clientelar orientada a sostener a militantes y allegados mediante pensiones que deberían destinarse a quienes realmente las necesitan.
Frente a este escenario, la abogada y candidata a diputada nacional Micaela Gacek presentó un escrito formal ante la Cámara de Diputados de Misiones solicitando la investigación de Goring y Álvez. En su pedido, dirigido al presidente del cuerpo, Oscar Herrera Ahuad, reclamó que se determine la naturaleza de las discapacidades que justificaron las prestaciones, su compatibilidad con cargos políticos y, en caso de corresponder, la posible comisión de delitos como fraude contra la administración pública.
La dirigente también expresó en redes sociales que estas maniobras conformarían una “red de clientelismo” basada en certificados médicos apócrifos y en la manipulación de beneficios sociales, con el agravante de dejar sin cobertura a personas con discapacidad que realmente lo necesitan.
Con esta acción, Gacek busca instalar un debate profundo en la Legislatura sobre el uso de recursos públicos destinados a sectores vulnerables. Según advirtió, lo que está en juego no es sólo la transparencia en el manejo de fondos, sino la dignidad de quienes dependen de estas pensiones para sobrevivir.
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