A través del Decreto N.º 657
El gobernador Hugo Passalacqua ha tomado la determinación de implementar un auxilio financiero directo para sostener el funcionamiento de las instituciones que trabajan con personas con discapacidad. A través del Decreto N.º 657, el Estado provincial asumirá formalmente el costo de los servicios de energía eléctrica y agua potable. Esta medida surge como una respuesta urgente ante la crítica situación derivada de la falta de transferencias de fondos por parte del Estado nacional, que ha puesto en jaque la operatividad de estos espacios.
La normativa establece la creación del denominado “Régimen de beneficios para Centros y Establecimientos Categorizados”, el cual tendrá una vigencia establecida desde el mes de mayo hasta el 31 de diciembre de 2026. Según explicó el mandatario provincial, la decisión se fundamenta en la alta sensibilidad de estos sectores, que llevan meses sin recibir los giros correspondientes desde el Ministerio de Salud de la Nación. El objetivo principal es aliviar la carga económica y garantizar la sostenibilidad de los tratamientos y servicios esenciales.
En términos de inversión, se estima que el desfinanciamiento acumulado que afecta a estas instituciones representa una cifra cercana a los 2.500 millones de pesos. Passalacqua enfatizó que, ante la gravedad del escenario, la provincia debe realizar un esfuerzo presupuestario redistribuyendo recursos para asistir a quienes más lo necesitan. De esta manera, el gobierno busca evitar que la crisis nacional se traduzca en el cierre de establecimientos o en la interrupción de la atención médica y terapéutica.
El alcance técnico de este subsidio contempla la cobertura de consumos mensuales de hasta 1000 kW de energía eléctrica y 9 m³ de agua potable por cada institución beneficiada. El mecanismo de pago se realizará mediante transferencias directas a las prestatarias de servicios, incluyendo a EMSA, SAMSA y las diversas cooperativas que operan en el interior de Misiones. Este esquema administrativo busca asegurar que el beneficio llegue de forma inmediata al costo operativo fijo de los centros categorizados.
Para acceder a este beneficio, los establecimientos deben cumplir con requisitos específicos, como contar con la categorización vigente del Ministerio de Salud Pública. Asimismo, es indispensable acreditar que al menos el 60% de sus pacientes sean afiliados al IPSM o beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud. La fiscalización será rigurosa, exigiendo que el domicilio del medidor coincida con el lugar de prestación del servicio registrado en la habilitación correspondiente de cada entidad.
La implementación de esta medida de emergencia quedará bajo la órbita del Ministerio de Hacienda y Finanzas, trabajando en conjunto con la cartera sanitaria provincial. En los fundamentos del decreto, se advierte que la acumulación de deudas nacionales ha generado una “emergencia prestacional inminente”. El texto oficial remarca que resulta imperativo intervenir para proteger los derechos consagrados en la Ley Nacional N.º 24.901, que garantiza la cobertura integral para este sector de la población.
Finalmente, el gobernador subrayó que esta acción no solo responde a una necesidad económica, sino a una visión política con fuerte anclaje humano y solidario. Al afirmar que las personas con discapacidad requieren una mirada particular del Estado, el mandatario reafirma el compromiso de la provincia con la justicia social. Con esta intervención, Misiones busca blindar el sistema de atención local frente a la incertidumbre financiera externa, priorizando la continuidad de los servicios esenciales para los ciudadanos más vulnerables.
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